“La Ley
española del desahucio vulnera la normativa comunitaria y no garantiza
ninguna protección eficaz de los consumidores frente a posibles
cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas” según el Tribunal de
Justicia de la UE.
Desahuciados
o parados, empresarios arruinados, que se quitan la vida, desempleados
volcados en una consulta psiquiátrica… gente que quiere emigrar porque
aquí no se puede vivir. Los problemas emocionales derivados de la crisis
económica española aumentan y agravan la incidencia de las enfermedades
mentales y de las soluciones desesperadas.
Desde
diciembre de 2011 hasta marzo o abril de 2012 ha crecido el número de
suicidios obviamente vinculados a problemas económicos En los primeros
meses de este año, dos conocidos empresarios andaluces aparecieron
calcinados en el interior de sus respectivos automóviles en localidades
costeras y, según todos los indicios, se habrían matado ante la ruina de
sus negocios, reveló el agente, que no ofreció más detalles.
El
suicidio supera los accidentes de tráfico, el cáncer, y enfermedades
cardiovasculares. Pero el número de personas que se quitaron la vida no
había crecido significativamente desde 2007, antes del inicio de la
crisis, y 2010, último año del que se tienen datos oficiales. En 2007,
los fallecidos por suicidio fueron 3.263, de los que 2.463 eran hombres y
800 mujeres, indica el informe de defunciones según causa de muerte del
Instituto Nacional de Estadística (INE). En los años subsiguientes hubo
algunas oscilaciones: 3.457 en 2008; 3.429 en 2009 y 3.158 en 2010. Las
cifras de suicidios no suelen hacerse públicas y los servicios de
emergencia no dan cuenta de ellos a los medios de comunicación, aunque
sí lo hacen sobre muertes con otras causas.
En
las facultades de Comunicación se enseña que el suicidio no es noticia.
“Es en cierto modo correcto, no es noticia cada caso individual, no se
debe informar de métodos o detalles. Pero es también un error: sí se
debe hablar del fenómeno social que supone el suicidio. Y de la forma de
prevenirlo.
Por
eso, hay que ser consciente. Hay que hablar del tema como problema y
pensar en eventuales soluciones, sobre todo si hay algún peligro en el
entorno. Pero no es sí. El 10 de septiembre, Día Mundial de la
Prevención del Suicidio, pasó sin pena ni gloria en los medios. El
suicidio sigue siendo un tabú, algo maldito e innombrable, lo que
convierte a las familias en víctimas dobles
“En
el 95% por ciento de los casos, no se llama a los periodistas al lugar
del suicidio, aunque sí están presentes en homicidios o accidentes”,
según el policía malagueño.
Son
noticias que sacuden la región casi a diario y que apenas se mencionan
en la gran prensa. Ningún responsable político habla de la proliferación
de suicidios en España. Pocas veces aparecen reflejados en las crónicas
de sucesos.
Las
depresiones con consecuencias fatales afectan, sobre todo, a jefes de
empresa o altos cargos que han visto derrumbarse el trabajo de una vida.
Dado que España es un país de empresas familiares, la ruina tiene una
connotación especial. Ante el fracaso, el sentimiento de frustración y
de responsabilidad es aún mayor, y de ahí la desesperación.
«Lo
siento, pero no me queda otra salida. Cuídate mucho». Con estas
palabras, Isabel se despidió telefónicamente de una amiga antes de poner
fin a su vida. Pero la mayoría de los suicidios en España tienen lugar
en la más absoluta oscuridad, sin que trascienda su tragedia. No abundan
los mensajes de despedida, ni las notas escritas a mano para decir
adiós.
Aunque no
hay cifras oficiales y muchos de estos casos se camuflan como accidentes
(de arma de fuego o por ingestión de medicinas equivocadas), el caso
que cuenta es que hay una muerte diaria, consecuencia de la precariedad
económica, según Eures, la red creada por la Comisión Europea para
facilitar la movilidad laboral.
Se trata a
veces de autónomos, enfermos desahuciados, solitarios, incluso jubilados
con pensiones de miseria que se van por falta de medios, de trabajo, o
desesperanza. O porque les iban a echar del piso.
En muchos
medios se presenta la imagen de una España desesperada por la crisis:
precios por las nubes, salarios inmóviles (entre los más bajos de
Europa), récord de impuestos, o un IVA desmesurado que eleva el precio
de las cosas más elementales… En Euskadi con la supresión de las
bonificaciones por contratación o mantenimiento del empleo, adoptadas
por el gobierno de Madrid, miles de empresas se encuentran con un mayor
coste salarial en sus contratos de trabajo, y en especial de jóvenes,
mayores de 45 años y mujeres. El mayor impacto se ha producido en las
actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Y el
país que aguantaba bien ahora se desmorona.
Con
este panorama desolador, algunos confiesan que tienen que robar
productos alimenticios en los supermercados para poder sobrevivir y
llevar algo a casa para comer. Otros que ya han empeñado las joyas de
los abuelos. También entre los empleados que han perdido su puesto de
trabajo y no tienen instrucción especial abundan los suicidios. Eso sin
contar los jóvenes que han caído en los mallas de la droga debido a la
falta absoluta de expectativas de futuro y los malos amigos que están
más o menos en la misma situación. Se sabe que el número de
drogodependientes en España ha superado las cifras registradas en la
segunda mitad de los 70. Ante la falta de medios para adquirir la droga,
se recurre a sustancias ‘estupefacientes’ insólitas muy peligrosas. Y
estos sucesos se han disparado.
Es
un presente duro el que está viviendo España. Tal vez el peor desde la
guerra civil. Y lo malo es que hay poco margen para la esperanza.
¿Cuántos suicidios más se seguirán ocultando en los próximos meses?
Vivimos
inmersos en una cultura que se dice de la “información”, pero mirando a
nuestro alrededor constatamos que nunca parecen importar las cosas, que
los medios también están tocados y no mueven a la gente sino hacia la
indiferencia. Lo que importa es vender publicidad. Y nunca se ha sentido
el ser humano más sólo, más distante de todos y de todo. Más
indiferente. Y eso a pesar de estar rodeados de sistemas que
“comunican”, ”informan”, ”anuncian”, ”revelan” las 24 horas del día…
pero no acompañan.
Desde
la muerte de Franco se ha seguido en la misma sociedad de consumo de
masas, donde el ser humano es pasivo, sin claras definiciones
económicas, sociales o filosóficas, y el gobierno de turno intenta
sutilmente que el hombre se comporte como un animal de consumo,
conformista, apolítico. ¿Derechos humanos?… ¿Qué es eso?
La pobreza, el hambre, los desahucios, la exclusión social y demás problemas sociales no existen para Rajoy
No se ha
escuchado ni una sola vez, ni en boca de Rajoy ni de sus
entrevistadores, ninguna de esas palabras: “ni por supuesto, las de
suicidio, malnutrición infantil, derechos humanos, inflación galopante,
sostenibilidad, solvencia, problemas escolares, inamovilidad de las
pensiones, tasas universitarias, becas, etc, etc.”. Eso lo dice todo…
En
la cuestión de los desahucios el poder judicial trata débilmente de
cambiar la ley pero es el propio gobierno el que se resiste. Explica que
la comisión de seguimiento en la que participan la asociación
hipotecaria, el Banco de España, la comisión Nacional del Mercado de la
Vivienda y el secretario de estado para la economía estudian modificar
umbrales e ingresos en los que se excluyan los desahucios. Eso requiere
tiempo.
Ahora
el acuerdo del gobierno y del PSOE de aceptar una reforma Express
contra los desahucios, ha sido acogido con esperanza teñida de
escepticismo. Después de casi unos 400.000 desahucios desde 2008 Rajoy
ya no podía aguantar le presión de los medios sociales, de muchos jueces
que estaban aplicando una ley de 1909. Hay un tribunal de Primera
Instancia (el 32 de Madrid) que ha tramitado 1.200 ejecuciones
hipotecarias en lo que va de año.
Espoleada
por el alza del IVA la inflación se disparó hasta el 3’5 % en
septiembre. El IVA ha aumentado los precios y esto se ha reflejado en el
indicador del INE, que registra una subida hasta el 3’5%. Y el colmo
viene con la privatización sanitaria. La gestión privada de la sanidad
que empezó en Madrid y se ha extendido por las autonomías del PP. Más o
menos significa la entrega al sector privado del control integral de los
hospitales. La crisis es más bien una excusa de una maniobra dirigida a
debilitar la red sanitaria-aunque esté funcionando bien-y entregarla a
una empresa privada. Un jugoso negocio para las empresas que se dedican a
la prestación de servicios sanitarios. El anuncio del Presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dado el primer paso. La
noticia de esta iniciativa, después de tantos fracasos en muchas otras,
provocaron no sólo protestas sino huelgas en seis hospitales de Madrid.
En el mejor de los casos, 5.500 trabajadores (médicos, enfermeros,
auxiliares…) quedan ahora pendientes de reubicación y dependen de que
las empresas privadas quieran volver a contratarlos. Los carteles que
exhibieron los trabajadores son suficientemente expresivos: “Vete, se
vende tu hospital”, “Se vende Sanidad Pública”, “Hospital… sólo para
ricos. Abstenerse de entrar”.
Ojeamos “El Periódico de Huelva” del 12 de octubre”, por ser Andalucía, una de las regiones más afectadas, y dice así”
“Ahora
más que nunca, su reivindicación es necesaria. Con motivo del ‘Día
Internacional de la Erradicación de la Pobreza’ los responsables de
asociaciones de Huelva ofrecieron algunos datos sobre la pobreza,
“extrapolables a los que se registran en Andalucía”, tal y como destacó
Manoli García, vicepresidenta de la Red Andaluza de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Así, “se han practicado 3.272
desahucios en Andalucía hasta el mes de septiembre de este año”. A esos
desahucios, habría que sumar 79.000 que están a la espera de la orden de
ejecución” y del millón de parados que tiene Andalucía”
De
este modo, García explicó que un 40% de los andaluces ha cruzado ya el
umbral de la pobreza, siendo Andalucía la tercera comunidad “más pobre
de España, sólo seguida por Ceuta y Extremadura donde un 47% de la
población, casi la mitad, no podrían hacer frente a un gasto urgente
imprevisto”.
En
Extremadura, según un artículo sobre Barriada de Juan Canet en Mérida
las cosas están así: “Antes de las nueve de la mañana, un grupo de
policías antidisturbios, pertrechados de escopetas lanzapelotas,
custodian el rápido desalojo de muebles en una vivienda social. Se trata
de uno de los 16 desahucios consumados en el último mes y medio en
Extremadura. Bocachas expectantes velando las puertas y cunas
extraviadas en plena calle. Una mujer, inquilina de ese piso, suplica
sin éxito que le dejen entrar en la casa a coger el biberón para dar de
comer a su hijo. No, no llega a estos barrios la prédica del interés
superior del menor ni hay espacio en los suburbios para melindres
compasivos. “Nos tratan como a terroristas”, dice una mujer mayor,
consumida por la rabia. Hace ya tiempo que dejó de extrañarnos la
presencia de los antidisturbios y de los GEOS en las barriadas miseria.
Es la guerra sorda, la ofensiva de los ricos contra los pobres, la
guerra social que se ha instalado en España.
La
Junta de Extremadura, dueña de casas y juez de intemperies, ha
convertido el desalojo en la guía de su política de la vivienda. 764
expedientes de desahucios abiertos y, de ellos, según se anuncia, 90 de
ejecución inminente. Aunque no tiene la misma diligencia ni energía para
cumplir sus obligaciones como casera. Los ascensores dejaron de
funcionar, los barrios están llenos de cucarachas y otros bichos, pero
el ejemplar gobierno de Extremadura sólo piensa en hacer caja con la más
rentable de las inversiones: el miedo.
¿Como
pretenden que pague otro recibo atrasado?” o “¿Tú crees que hay derecho a
que te amenacen con echarte a la calle por tener una deuda de 600
euros?”. Se acumulan mil historias de incertidumbre y miedo.
Esto
ocurre en una región que ronda los 150.000 parados, más de 60.000 de
ellos sin ayuda alguna y cuando el número de personas acogidas a los
programas de alimentos de Cáritas no deja de multiplicarse. Un tsunami
de marginación y miseria avanza con la ruleta de los desahucios.
Esta
vileza institucional del desahucio como herramienta política se produce
en un país que cuenta con 4 millones de viviendas vacías y, casi un
millón de ellas, en manos de los bancos como consecuencia del saqueo
hipotecario. España, campeona europea de gentes sin casa y, al mismo
tiempo, casas sin gente,
El país
donde se extorsiona a gentes sin recursos para que paguen la
insignificante deuda atrasada o se le corta el agua a familias con niños
pequeños.
El
mismo país en el que mientras tiburones como Rodrigo Rato o Miguel
Ángel Fernández Ordóñez se van de rositas dejando pufos de 23.000
millones de euros (Bankia) o agujeros financieros de más de 100.000
millones (banca española). O donde el empresario más grande, Alfonso
Gallardo, aún no ha devuelto los 10 millones de euros adelantados para
el fracasado engendro de refinería.
“No
vamos a parar los desahucios, de ninguna manera. Además nos están
felicitando por ello”, dice jubiloso Víctor del Moral, Consejero de
Vivienda de la Junta de Extremadura. Es ahí, en ese perturbador
argumento, donde se encuentra la clave de esta oleada de desahucios.
Todo un discurso populista que habla de las barriadas más machacadas
como el reino de los televisores de plasma y los muebles de diseño, y
que repiten insistentemente términos como conducta antisocial acabando
por presentar como un problema de orden público lo que no es sino una
expresión radical de injusticia social.
Y
a la veterana criminalización de la pobreza se suma el darwinismo
social, importado de Estados Unidos e inyectado en vena en las últimas
décadas. “Ya no hay pobres, sino fracasados. Desapareció el marginado,
ya no quedan en el lenguaje de la selva capitalista más que perdedores e
inadaptados sociales“.
También
aquí, tras la locura de los desahucios colectivos es apropiado aquel
dicho simple: “este es el inveterado conflicto entre ricos y pobres por
el derecho a la ciudad” (Mike Davis).
Un
espeso silencio cómplice acompaña los desahucios. Y en los foros de los
periódicos supura el odio contra los pobres. “Es lo único bueno que ha
hecho el PP desde que gobierna en Extremadura”, dice un justiciero
anónimo. “Venga, daros prisa en echar la escoria, que a este paso aún
llegan al invierno”, añade otro enigmático valiente. Es el lumpen y todo
vale.
Los
que mandan conocen bien el miedo a la proletarización de las clases
medias y se aprestan a parasitar la zozobra de quienes intuyen el final
de la gran milonga de consumismo e individualismo propietario. Desde los
90, mucha gente empezó a vivir de la pobreza en la poderosa “industria
de lo social”. Hoy resulta más evidente aún la utilidad que el poder
concede a la pobreza como instrumento de cohesión y disciplina de la
ciudadanía.
En
“Novecento”, la hermosa película de Bertolucci que narra la historia
del siglo XX en Italia, aparece la del desahucio de Orestes, un
jornalero al que los patronos echan de casa por incumplimiento del
contrato. El relato del desahucio sirve en la película para explicar el
origen del fascismo en Italia. Observando la brutalidad e inhumanidad de
los desahucios masivos de estos días y la liquidación sistemática de
derechos sociales, parece que el vientre que parió aquella cosa bestial
todavía está fecundo.
La Justicia europea dice que la normativa española de desahucios es ilegal
La abogada
general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha
dictaminado que no garantiza una protección eficaz de los consumidores
frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
Juliane
Kokott, ha considerado días pasados que la ley española de desahucios
vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección
eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales
abusivas en las hipotecas.
El
dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por
el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia
presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su
expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la
hipoteca.
El ciudadano
en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del
préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial
de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
En
sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda
en primer lugar que, al no existir un derecho de la UE una armonización
de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros
establecer las modalidades procesales.
No
obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no
puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos
garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas
contractuales abusivas.
En
este sentido, la abogada general estima que “la regulación procesal
española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de
la protección que ésta persigue”.
“No
constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del
contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar
indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta
forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el
desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la
acción de daños y perjuicios”, resalta Kokott.
Al
contrario, la norma europea exige “que el consumidor disponga de un
recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas
de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda
detenerse la ejecución forzosa”.
La
abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de
suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter
abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el
procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación
que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
El
dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el
Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces
empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento
posterior.
Fuente: Globedia.comconsultado: 8 de octubre 2013
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